El objetivo clave para el desarrollo de un país basado en el “conocimiento” es la capacidad de generar mejoras cualitativas en la cadena de producción y servicios, con la finalidad de lograr empleos de calidad. Es decir, el rol protagónico de la Ciencia y la Tecnología en el mundo es transformar las ventajas comparativas de un país en ventajas competitivas, agregando valor a la producción primaria, promoviendo el desarrollo de la industria nacional y la exportación de productos con alto nivel de elaboración e integración.
Este proceso, cuyo auge vimos del 2003 al 2015, involucró capacidades de autodeterminación y soberanía tecnológica. Las políticas públicas de desarrollo implementadas en ese entonces, jerarquizaron al sector comenzando con la creación y puesta en funcionamiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y su correlato en educación, con la creación de nuevas Universidades Nacionales que significaron el aumento de profesionales e investigadores con logros concretos en diferentes campos.
Sin embargo, la nueva gestión de gobierno, ha evidenciado un camino opuesto al que venía transitando la Ciencia y la Tecnología con anterioridad. Las premisas basadas en ajustes presupuestarios, dejaron de lado los objetivos una vez soñados, generándose un efecto de nueva primarización de la industria y una creciente dependencia científico tecnológica de países extranjeros.
Este cambio de rumbo se evidencia en un continuo y sistemático desfinanciamiento del área de Ciencia y Técnica, como por ejemplo: el Plan Nuclear Argentino (se destaca la no realización de la IV Central Nuclear), el Plan Aeroespacial (no se dio continuidad al ARSAT 3 ni al Lanzador Tronador de la Empresa VENG-CONAE), el desmantelamiento de FADEA (Fabrica Militar de Aviones), el achicamiento del CONICET, la afectación de Programas y Proyectos de Instigación Específicos y el desfinanciamiento de las Universidades Nacionales; entre otros.
Estas medidas de reducción no pueden verse bajo una estricta mirada economicista, debemos reparar en las áreas afectadas y su impacto sobre políticas de estado que podrían volver a generar un éxodo masivo de RRHH, provocando un déficit de conocimiento cuya recuperación demandaría muchísimos años.
Desde mi función de Senadora Nacional, y en especial como Presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología en la Cámara Alta, he presentado dos Proyectos de Ley para la Protección de la Inversión en el sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación (Expediente S-1837/18) y la Protección de la Inversión en las Universidades Públicas (Expediente S-1919/18). Estas iniciativas se basan en dos principios: la inversión en Educación, Ciencia y Tecnología no es un gasto, y debe existir un incremento constante a nivel presupuestario, que garantice el crecimiento del sector.
Senadora Nacional Silvina García Larraburu