Cuando impulsé junto a otros concejales, la creación de la Defensoría del Pueblo en 2006, lo hice con la firme convicción de que nuestra ciudad necesitaba un organismo autónomo e independiente, capaz de actuar como un puente entre la ciudadanía y el Estado. Bariloche, con su crecimiento y complejidad, requería una institución que garantizara la protección de los vecinos frente a abusos, irregularidades y deficiencias en los servicios públicos. Me inspiré en experiencias exitosas de otras ciudades del país, convencida de que este era un paso fundamental hacia una sociedad más justa y equitativa. Luego, en 2007, se incorporó a la carta magna de nuestra ciudad.
A casi dos décadas de su creación, la Defensoría del Pueblo ha demostrado con creces su importancia. Ha canalizado miles de reclamos, ha sido testigo de las preocupaciones de nuestra comunidad y ha impulsado soluciones concretas. Pero su valor va más allá de las estadísticas: representa el derecho de cada vecino a ser escuchado, a exigir respuestas y a contar con una herramienta eficaz para la defensa de sus intereses.
En este contexto, la elección de un nuevo Defensor o Defensora del Pueblo es una oportunidad para renovar el compromiso con esta institución y fortalecer su rol dentro del entramado democrático. La sociedad demanda cada vez más transparencia, cercanía y eficiencia por parte del Estado. La Defensoría debe mantenerse como un espacio activo, dinámico y, sobre todo, independiente, que responda a las necesidades del pueblo sin condicionamientos ni demoras.
Hoy más que nunca, debemos reafirmar el valor de esta institución y trabajar para garantizar su consolidación y fortalecimiento. No se trata solo de elegir a una persona, sino de asegurar que la Defensoría siga cumpliendo su función esencial: ser la voz de quienes necesitan justicia, equidad y respuestas concretas. Porque una democracia sólida no se construye sólo con discursos, sino con instituciones que actúan y protegen los derechos de todos.