La Senadora Silvina García Larraburu se refirió a la resolución judicial que dispuso la nulidad de los aumentos tarifarios implementados en los últimos meses: “El Poder Ejecutivo no puede desconocer la Constitución Nacional, debe garantizar el mecanismo de audiencias públicas y esperar el fallo de la Suprema Corte para tomar cualquier decisión que afecte los derechos de los ciudadanos”.
“Son insuficientes e improcedentes las nuevas disposiciones adoptadas por el gobierno nacional respecto al tope de los aumentos. Sobre todo frente a una coyuntura que involucra inflación, recesión, aumentos generalizados y un tarifazo del 400%”, consideró.
Remarcó la necesidad de implementar una tarifa diferenciada para la región patagónica, conforme los proyectos de ley (S-1553/16, S-1754/16, S-1780/16, S-1781/16) que oportunamente presentó para contrarrestar las asimetrías existentes y garantizar el acceso a los servicios públicos esenciales.
“Este esquema de ajuste trae consecuencias gravísimas para la sociedad en su conjunto, pero también afecta de modo directo a las micro, pequeñas y medianas empresas que hoy se encuentran en estado de emergencia económica”, expresó.
Finalmente concluyó: “La ley de fomento Pymes no deja de ser un remedio acotado, ya que nada dispone sobre los costos tarifarios que deberán continuar afrontando”.