La Senadora Silvina García Larraburu solicitó al Poder Ejecutivo Nacional que informe sobre las causas, motivaciones y premisas jurídicas, políticas y económico-financieras de la reforma a la Ley de Financiamiento Educativo a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia.
“Es inadmisible que se avance en este sentido con una propuesta de Reforma de la Ley 26.075 que fuera aprobada oportunamente por el Honorable Congreso de la Nación y no se haya convocado a Sesiones Extraordinarias”, señaló.
Además la parlamentaria agregó: “El Poder Ejecutivo no ha considerado la implicancia de las negociaciones salariales de los docentes en todas las provincias y en CABA, con el riesgo que implica el normal desarrollo del año lectivo 2018 en dichas jurisdicciones”.
“Se avanza con un decretazo desde el Gobierno Nacional sin consulta previa a las diferentes gobernaciones, sin tener en cuenta que, serán los gobernadores quienes deberán afrontar situaciones de conflicto en las provincias”, remarcó.
“El Gobierno Nacional tiene el deber de aclarar y explicar a la sociedad en general y a las organizaciones gremiales en particular, qué medidas en concreto va a tomar para que la aplicación del Decreto 52/18 no sea visto como una violación a la Libertad Sindical, a la Ley de Asociaciones Sindicales, los postulados de la OIT y la Internacional de Educación, y hasta la mismísima Constitución Nacional, y evitar así que se comience un conflicto nacional docente que no sabemos cómo terminará y quienes pagarán su costo”, finalizó.