El Gobierno del presidente Javier Milei ha puesto en marcha el aumento de tarifas que van del 1200 al 1600 por ciento sobre facturas anteriores, así lo establecen los nuevos cuadros tarifarios definidos por el Estado Nacional vigentes a partir del 3 de abril de 2024 tanto en lo que hace al consumo residencial y/o comercial.
Sin embargo, en el diseño tarifario aplicado no se tuvo en cuenta la capacidad económica de los usuarios. Existe una disociación entre la aplicación económica de los nuevos cuadros tarifarios y la capacidad de pago de los usuarios con la consecuente alteración del principio de razonabilidad consagrado en varios artículos de la Constitución Nacional y en el marco regulatorio de la actividad del gas establecido en la Ley 24.076.
No hace falta aclarar que las circunstancias actuales de las economías hogareñas son críticas y que un enorme porcentaje de las familias no tiene la capacidad de absorber aumentos de tal envergadura sin una mínima consideración de las posibilidades de pago que conducen a la privación a través de los cortes de un servicio que es público y para quienes viven en la región patagónica considerado como esencial.
El aumento desmedido que implican las nuevas tarifas de gas no pueden hacerse afectando el acceso a este servicio público, considerado como esencial, atentando contra los derechos humanos considerados como básicos y a principios de inclusión ciudadana para los sectores más vulnerables.