El proceso inflacionario y los efectos de los incrementos del valor del dólar, inciden en todos los precios de la economía. Uno de los sectores más afectados, y por lo tanto que más ha perjudicado a las familias argentinas, es el de la vivienda. Tanto la propia como la alquilada, requieren atención prioritaria.

 

Desde el año 2016, junto al Frente Nacional de Inquilinos venimos impulsando la Ley Nacional de Alquileres S-4809/18, que en ese mismo año llegó a obtener media sanción unánime del Senado de la Nación. Lamentablemente por falta de compromiso del Presidente de la Nación y por no darle tratamiento en la Cámara de Diputados, hoy millones de familias argentinas están sin regulación del sector.

 

Una norma que regule el precio de los alquileres es una gran deuda de la democracia. Más de 7 millones de inquilinos en todo el país esperan esta ley en un contexto crítico, en el que deben adaptarse a las crecientes exigencias del mercado inmobiliario sin poder de negociación ni resguardo de sus derechos.

 

Asimismo, los financiamientos para la adquisición de la vivienda propia se han concertado con la cláusula de ajuste denominada UVA, y para contenerla hoy el ejecutivo promete un «parche electoral»  hasta diciembre, que por supuesto no resuelve los problemas de fondo ya que el capital adeudado seguirá creciendo y en enero de 2020 las cuotas «volverán a su nivel indexado por inflación».

El impacto de la inflación se reflejó en un combo que incluye los aumentos de las tarifas, las expensas comunes, la fijación de alquileres escalonados y las subas desmesuradas de los intereses de los créditos, entre otros..

 

Resulta imprescindible adoptar de manera urgente medidas equilibradas, que no retraigan la oferta de inmuebles ni ahoguen a las familias que deben afrontar los gastos con destino habitacional.

 

Senadora Nacional Silvina García Larraburu