La nueva reglamentación de la Ley de uso medicinal de Cannabis incorpora los reclamos que, desde las organizaciones de cultivadores y usuarios, como así también desde el Congreso, realizamos hace años. 

Luego de un largo camino de investigación colectiva junto a organizaciones nacionales y de la provincia de Río Negro, en 2016 presentamos un proyecto que regulaba su uso terapéutico, promovía la investigación y producción nacional. Un año más tarde logramos sancionar una normativa, pero con una visión política muy sesgada de la anterior administración que impuso severas restricciones atentando contra el espíritu de la Ley. Ante esta situación, continuamos solicitando informes y explicaciones al ejecutivo, con resultados deplorables.

Sin bajar los brazos, seguimos legislando sobre la temática y presentamos una iniciativa que buscaba la creación del “Registro Nacional de Autocultivadores de Cannabis para Uso Terapéutico”.

Con enorme satisfacción recibimos hoy la noticia de su reglamentación donde todos los aspectos que propusimos ahora están contemplados. La criminalización perpetuada por el macrismo finalmente quedó en el pasado y los pacientes, a partir de ahora, tienen garantizado el acceso a los derivados del Cannabis en las farmacias y la cobertura por parte del sistema público de salud, las obras sociales y las prepagas.

A su vez, es muy importante que el Estado impulse la investigación y la producción pública, con el fin de minimizar la importación del producto en momentos de restricción externa.  También se incluye otra de las demandas fundamentales: la elaboración de un registro específico de usuarios que cultivan Cannabis para fines medicinales, terapéuticos y/o paliativos y se autoriza el cultivo solidario.

Es un gran paso en materia de salud pública y ampliación de paradigmas sanitarios. Entendemos que el bienestar de las personas se debe pensar desde una mirada holística, multidisciplinar, y complementaria.  Estamos convencidos que es una política pública elemental que promueve la equidad entre familias con diferentes recursos.

En este sentido, y con el propósito de asegurar precios justos y sin distorsiones, es trascendental la decisión de crear una red de laboratorios públicos y privados asociados que garanticen el abastecimiento. A su vez, la promoción de la investigación por parte del CONICET e INTA y la autorización para que puedan efectuar su producción, integra a nuestro sistema científico y le otorga un lugar protagónico. Hoy ampliamos derechos, en el marco de un Estado presente, atento a las necesidades y demandas de nuestra población.