Este martes la Cámara de Diputados tiene previsto el tratamiento del Proyecto de Ley sobre sostenimiento y reactivación productiva de la actividad turística nacional, aprobado por unanimidad en el Senado.  

 

Luego de un extenso debate federal en articulación con los sectores involucrados, desde la Cámara Alta logramos consensuar una iniciativa que significa alivio económico y financiero en el corto plazo, al mismo tiempo que diseña los ejes de la política de recuperación e impulso. Es fundamental que los Diputados y Diputadas prioricen atender la crítica situación de una de las actividades más afectadas por la Pandemia y sancionen el dictamen emanado por el Senado. 

 

En el mismo se contemplan una serie de medidas impositivas, fiscales y crediticias con el objeto de preservar las unidades económicas y garantizar las fuentes de trabajo de más de un millón de argentinos. Entre ellas, se prorroga hasta fin de año el Programa ATP en todas las actividades paralizadas o que tengan una facturación menor al 30%,  se reduce el pago de las contribuciones patronales en el 95%, se suspenden las medidas cautelares de ANSES y AFIP, se prorrogan los vencimientos de impuestos y se disminuyen alícuotas bancarias. También se dispone una línea de créditos específica hacia el sector a tasa 0 durante el primer año, y otra a los municipios que, como Bariloche, dependen principalmente del Turismo. Con miras a la reactivación, se fomenta el turismo interno mediante un bono vacacional y un crédito del 50% en el régimen de preventa. A su vez, se crean programas destinados al fomento del turismo de personas mayores y la financiación del estudiantil. 

 

Su aprobación traerá tranquilidad a los más de 45 mil trabajadores rionegrinos  de esta industria y significará un gran alivio económico en una provincia cuyo producto bruto geográfico depende en un 35% del turismo y sus actividades vinculadas. 

 

Pensemos que la Ciudad de Bariloche recibió en 2020 el 18% de los visitantes que tuvo en promedio los años anteriores. En este escenario las pérdidas a finales de agosto superan los 9 mil millones de pesos. En el Bolsón, estas ascienden a 170 millones y en el Golfo superan los 170 millones. Ante la inexistencia de recursos provenientes de la actividad, el dinamismo del mercado interno se encuentra paralizado y la situación social en nuestras comunidades se deteriora. 

 

Este escenario se replica en diferentes territorios del país y demanda la ejecución de políticas públicas activas. Necesitamos que la Cámara de Diputados ratifique el enorme trabajo realizado en el Senado de la Nación y entre en vigencia la Ley de sostenimiento y reactivación. Estoy convencida que la actividad tiene la potencia de liderar la recuperación económica en la pospandemia, pero para eso necesitamos que nuestras empresas sigan existiendo como tales y los trabajadores tengan sus puestos laborales garantizados.