Conforme lo establecido por el Plan Satelital Geoestacionario Argentino 2015-2035, aprobado por la Ley 27.208 de Desarrollo de la Industria Satelital, ARSAT-3 es el primer satélite que debía construirse a fin de llevar la banda ancha satelital a todo el territorio nacional.

Hace cuatro años se inició su construcción en INVAP y su lanzamiento había sido planificado para este año. Hasta el 10 de diciembre de 2015, en Argentina operaban los satélites geoestacionarios de comunicaciones ARSAT-1 y ARSAT-2 lanzados al Espacio en octubre de 2014 y septiembre de 2015 respectivamente.

Ambos satélites fueron diseñados y fabricados en la Argentina por la empresa estatal de tecnología de la provincia de Río Negro INVAP con la participación de una multiplicidad de empresas pymes e instituciones del sistema científico y tecnológico nacional.

ARSAT-3, además de ampliar la oferta de servicios de nuestro operador satelital estatal, permitía ocupar con tecnología espacial nacional una de las nuevas posición orbitales asignadas a la Argentina por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y dar continuidad a las capacidades de diseño y fabricación de INVAP alcanzadas con los primeros dos satélites.

En marzo de 2016, el Gobierno suspendió la construcción del ARSAT-3 y esa decisión puso en riesgo la conservación de la posición orbital 81º Oeste en banda Ka. Ante ello, a través de la empresa ARSAT, se reemplazó la construcción por un alquiler mediante el cual se arrendó un satélite para reservar ese espacio.

De este modo se reubicó el satélite Astra-1H en la Posición Orbital Estacionaria (POG) 81º L.O. y, por ese dudoso negocio, se pagará una tarifa de servicio de 7 millones de euros. El cronograma contempla un pago inicial de 1 millón de euros por la reserva del satélite y otro millón cuando el satélite arribe a la posición orbital acordada, lo cual se produjo a fines del año pasado. Los cinco millones restantes Arsat deberá abonarlos en 10 cuotas mensuales de 454.545,45 y una cuota final de 454.545,50 euros.

La maniobra implica una pérdida de 7.000.000 de euros, sin ningún valor agregado tecnológico. La contratación directa significó, además, no tomar en cuenta otras ofertas. Esto sin duda pone en debate la transparencia de la operación, siempre utilizada como caballito de batalla de la actual gestión.

Volvemos a alertar el deterioro e impacto negativo que tiene la aplicación de este tipo de decisiones, que se convierten en la falta de políticas y el vaciamiento del ARSAT. Hablamos nada menos que de una de las empresas impulsoras del desarrollo tecnológico argentino. El objetivo, sin lugar a dudas, es convertirla en una mera administradora de los grandes intereses multinacionales del sector, afectando una vez más el patrimonio del Estado y la posibilidad de soberanía en un área clave.