A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) el Poder Ejecutivo bajó el cálculo de las indemnizaciones, por muerte o incapacidad sobreviniente de los trabajadores, que deben pagar las Aseguradoras de Riesgo del Trabajo.  Esta nueva medida del Gobierno de Mauricio Macri ratificó un modelo que no valora la vida ni la integridad de quienes viven de su fuerza laboral.

Adoptaron esta disposición porque se han depreciado los bienes en los que invirtieron las ART sus reservas y la variable para que tengan mejores ganancias es el trabajador.  Así, la vida de un operario fallecido al caerse de un andamio vale $300.000 o menos, o el jornalero que quedó sin su brazo o pierna, o que perdió la visión de un ojo, afrontará su nueva realidad laboral con menos recursos. Eso sí, las ART estarán cubiertas.

El gobierno nacional ha prescindido de la opinión del Congreso, ya que solo reconoce a dos de los tres poderes.  El dictado de un DNU exige prudencia y el cumplimiento de la ley, cuando ambas cosas están ausentes, son solo un mecanismo de abuso de poder.

Senadora Nacional Silvina García Larraburu